Claroscuros de la Ley del libro

El pasado 2 de agosto, el suplemento Laberinto publicó este excelente análisis de Héctor González, que gira en torno a las múltiples caras de esa moneda al aire que es la Ley del libro, recientemente aprobada en nuestro país. Creemos que es necesario establecer un debate serio al respecto, puesto que la información ahí vertida contrasta con esta entrada, que publicamos hace ya bastantes meses.

Claroscuros de la ley del libro

Por Héctor González

Hay algo más en la Ley del Fomento a la Lectura y el Libro aparte del precio único? ¿Habrá más lectores con esta norma? Preguntas más, preguntas menos, lo cierto es que la ley es un hecho. Sólo resta hacer el reglamento para que se concrete su aplicación. No obstante, conviene recordar que este último requisito no es cualquier cosa. Poco antes de abandonar la Presidencia, Ernesto Zedillo aprobó una ley del libro que nunca llegó a funcionar, debido a que no contó con la normatividad interna que la pusiera en marcha. Al entrar Vicente Fox se hizo un nuevo intento por crear una legislación que impulsara la industria editorial, entonces nació la idea del precio fijo en los libros. Cuando todo parecía ir viento en popa, surgió un nuevo contratiempo: el ex mandatario vetó la iniciativa, por considerar que afectaba la Ley Federal de Competencia. Una vez más, la propuesta se quedó en el aire. Tras una azarosa historia y después de que el presidente Felipe Calderón la promulgara públicamente, todo indica que ahora sí entrará vigor en cuestión de semanas o unos cuantos meses.

La propuesta estelar de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro es el precio único, que como su nombre indica, implica que la misma edición de un título tenga igual costo en cualquier librería del país. A lo largo de los 27 artículos que conforman el documento también se propone la creación de un Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura; la elaboración del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura; garantizar el abasto en los acervos para las bibliotecas de aula y escolares; impulsar la distribución y producción editorial; y obliga al gobierno federal a utilizar parte de los tiempos oficiales para el fomento a la lectura, entre otras cosas.

Dentro de la cadena editorial, la norma no ha estado exenta de controversia. Juan Arzos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), se muestra satisfecho con el resultado: “Toda ley es perfectible. En un tiempo se asentará y luego vendrán mejoras, pero por el momento no quedó nada en el tintero”. Otro de los principales impulsores de esta ley es el escritor y editor Alberto Ruy Sánchez: “Fue una iniciativa de un grupo muy plural de personas de distintos sectores cercanos a la lectura, pero sin ninguna experiencia para hacer leyes. Nos reunimos varios años y luego buscamos la asesoría de quienes sí saben hacerlas. Lo primero que nos dijeron fue que hay cosas en las que no te puedes meter porque pertenecen a ámbitos de otras normatividades”.

Para Guillermo Quijas, director general de Editorial Almadía, lo más interesante está por venir, pues hay que sacar el reglamento e iniciar el proceso que fortalezca a la industria: “Me parece importante tener una plataforma legal que permita el desarrollo y el impulso de las librerías y el libro. Hay más cosas por hacer, no es sólo cuestión de aprobar una ley. A partir de ahora viene lo más interesante: armar el reglamento y crear un programa de fomento a la lectura”.

Menos optimista es Paco Ignacio Taibo II: “Me parece una ley extremadamente pobre. No incluye la obligación del colofón, por lo tanto los editores pueden imprimir sin certificar cuántos ejemplares están imprimiendo. No tiene nada sobre derecho de autor. El argumento de que protege a las pequeñas librerías al igualar el precio, no considera el problema de que desprotege a los lectores al eliminar todas las ofertas. No incluye nada sobre la destrucción de libros. No plantea al libro como sujeto cultural y por lo tanto no plantea argumentos para que se le den exenciones en tarifas postales, ni fiscales. No plantea recursos fiscales para que las empresas puedan regalar o donar libros”. El juicio del escritor de novela policíaca pone varios puntos sobre la mesa y abre el debate.

No todo es precio único

Buenas intenciones y pocas medidas concretas conforman la estructura de la ley del libro. Para quienes la defienden esto obedece a una serie de limitaciones legales. Guillermo Quijas reconoce: “Estoy de acuerdo con que puede parecer pobre. En efecto, hay más cosas por hacer, tal vez haya que ampliarla. Pero lo rescatable es que es el inicio de todo un proceso para desarrollar la industria. Faltan cosas en cuestiones fiscales. Ahora es fácil publicar un libro porque existen los apoyos, pero en términos de distribución existe un buen número de inconsistencias: el precio, la competencia desleal o lo difícil que puede resultar para una editorial distribuir. Como editorial y librero de provincia, me parece importante que se arranque así”.

Ruy Sánchez no comparte la idea de la pobreza de la ley, todo lo contrario. Si existen limitaciones obedecen a que la Constitución prohíbe entrar en la competencia de otras leyes: “Todos nos advirtieron que en el momento en que propusiéramos algo así, la iniciativa iba para atrás. En materia de derecho de autor es lo mismo. Porque buena parte de este terreno es fiscal. Aquí urge resolver algo: los autores somos los únicos que pagamos ingresos totales en lugar de pagarlos por las ganancias. ¿Cómo deduces las horas que le dedicas a una novela? Eso es fundamental. El colofón en los libros es algo que sí se puede hacer, son cosas pequeñas de operación. Pero en realidad un editor que quiere hacer trampa lo hará de todos modos. Ésa no es mi preocupación principal, tal vez porque he tenido editores honestos”.

Vicente Herrasti, director editorial de Norma y hasta hace unos meses titular de la Dirección Nacional de Publicaciones del INBA, apunta que por centralizar el contenido en el precio único se descuidaron otros flancos: “Por ejemplo, el consejo creado por dicha ley no tiene capacidad de sanción, constitucionalmente hablando. Desde la perspectiva de algunos editores, este tipo de asuntos eran ‘menores’, pues se consideró que lo importante era lograr la aceptación del precio único, dejando los factores ‘secundarios’ para una revisión posterior”.

De acuerdo con lo estipulado por la ley, se tienen 120 días a partir de la publicación de la misma en el Diario Oficial, para la creación del Consejo Nacional para el Fomento de la Cultura y el Libro, instancia que fungirá como órgano consultivo de la SEP. Crítico, el editor Miguel Ángel Porrúa sostiene: “Es una pena porque lo único que se consigue con esto es crear más burocracia. Es una ley que apoya únicamente a los transnacionales. No creo que sea producto del desconocimiento del oficio, sino que emana de la iniciativa de los transnacionales y a la industria nacional no beneficia absolutamente en nada, ni a los consumidores, ni a los libreros”.

La incertidumbre ante la ausencia de políticas concretas genera incertidumbre entre quienes critican la legislación, entre ellas revisar las sanciones que se aplicarán a los infractores y que no aparecen estipuladas. Aun así, el director general de Almadía se muestra confiado: “Hay muchas cosas en las que trabajar, en México hay leyes que no se cumplen. Creo que la industria editorial permitirá un beneficio para la formación de lectores”.

Precio único: ¿mito o realidad?

Francia lo aplica desde hace 25 años. En Inglaterra se utilizó, pero posteriormente se hizo a un lado. Desde 2006, México se ha visto envuelto en un acalorado debate sobre el precio fijo en los libros. Con la entrada en vigor de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, su aplicación es un hecho. Durante 18 meses las novedades editoriales deberán mantener su mismo costo en las librerías de todo el país. ¿Servirá para crear más librerías?, ¿bajarán los precios?, ¿será en beneficio de los lectores? Hablan detractores y defensores.

Para Vivian Abenshushan, editora de Tumbona Ediciones, esta medida era necesaria para “resucitar a una moribunda industria editorial. Es imprescindible para terminar con los monopolios de las grandes cadenas de librerías que han arrasado con las pequeñas librerías de barrio y han impuesto una lógica de supermercado. Gracias a esta ley se reanimará la diversidad, es decir, la apertura de nuevas librerías que competirán no a través de los falsos descuentos impuestos por Gandhi o Sanborns, sino a través del servicio de sus libreros”. En el mismo tenor coincide Diego Rabasa, editor de Sexto Piso: “En la industria de los libros el 80 por ciento de las ventas corresponde al 20 por ciento de la oferta de los libros. Esto hace que el sostén de las librerías se centre en unos cuantos títulos. Si las grandes cadenas ofrecen estos grandes títulos un 25 o 30 por ciento más barato que las pequeñas librerías, éstas difícilmente podrán tener la rotación necesaria de estos títulos altamente demandados, de tal suerte que el negocio se vuelve inviable. Estoy convencido de que esto estimulará la creación de pequeñas librerías que podrán diferenciarse de las grandes cadenas mediante una oferta editorial amplia y cuidada, mediante libreros profesionales y dedicados”.

En el otro extremo se encuentra Miguel Ángel Porrúa. Comenta: “Una medida como ésta no hará más que promover la aparición de grandes librerías y desaparecerán las pequeñas. Se los van a comer los fletes. No podemos comparar la extensión territorial de México con la de España o Alemania. Los distribuidores traen los libros con una serie de beneficios que emanan desde el país de origen de los libros. Ellos tienen apoyos para la exportación, para la compra de papel, en fin. Como sucede en otros países, hay que buscar subsidios para los envíos”.

De acuerdo con la Caniem existe un acuerdo con Multipack para que haga descuentos hasta de 60 por ciento en el flete de los títulos. Sin embargo, para Porrúa la medida es insuficiente y engañosa, pues no se tendría que depender de la iniciativa privada.

Un punto central de la discusión es el futuro de los precios. Los ajustes que propicie el precio único se tendrán que debatir entre subir o bajar, la decisión estará en manos de los editores. Guillermo Quijas, de Almadía, adelanta: “En Oaxaca no nos afectan tanto los fletes, pero entiendo que en Tijuana y Mérida sí. El descuento que dan las editoriales se lo come el flete, entonces ellos tienen que subir los precios. La geografía de México sí tiene ciertas limitantes en este sentido por ser tan extensa. Me parece que ahí hay que buscar soluciones específicas. Quizá en este caso la ley puede ser contraproducente en lo que a crecimiento de librerías se refiere, pero en la medida que exista una cuestión legal que regule esto, puedes buscar los beneficios porque la iniciativa de esta ley no ha sido dejar fuera a estas librerías. En lo que respecta a los precios, creo que la tendencia será a la baja. Como editorial, al no tener que dar descuentos tan grandes a las librerías, podremos bajar el precio al público”.

De acuerdo con datos de la Caniem, en México hay una librería por cada 275 mil habitantes, mientras que en España hay una por cada 15 mil y en Alemania, una por cada 10 mil. Para Paco Ignacio Taibo II esta relación se puede mantener con la aplicación de esta ley: “Con el precio único los libros se van a encarecer. Al no existir descuentos en las librerías grandes y los grandes almacenes, de entrada ya te encarece el libro de primera salida. Otra cosa importante, la ley establece el precio único marcado por las editoriales, pero no establece los descuentos. Por lo tanto, la injusticia que existe en cuanto a las grandes cadenas libreras, respecto a las librerías chicas, seguirá existiendo. Las grandes editoriales van a dar descuentos más altos o más bajos a las pequeñas librerías y más altos o más bajos a las grandes que les compran mayores cantidades. ¿En qué favorece esto a las pequeñas librerías? El problema es que el precio único se fija en la salida a la venta al público, que es el más perjudicado, no en la salida de venta de la editorial”.

A la vista de Alberto Ruy Sánchez, la ecuación es diferente 180 grados: “Se trata de un dispositivo que consigue eliminar uno de los vicios del mercado: el régimen de los precios inflados. Antes, si un libro valía cien pesos al público: diez por ciento iba para el autor; 35 para la impresión, fabricación, etc.; 15 para el editor; 40 para el distribuidor, de los cuales 30 eran para librería, es decir, el distribuidor gana diez. Así era hasta que llegan los supermercados. Wal-Mart exige 80 por ciento de descuento. Entonces para seguir recibiendo el 60 por ciento y cumplir con los otros compromisos, como editor subes el precio de cien a 300. Luego Wal-Mart decide dar un 50 por ciento de descuento, entonces el precio al público se fija en 300, y el supermercado lo da en 150. Pero la realidad es que el costo debería de ser cien. Ése es un régimen de precios inflados. Las librerías, al competir con ese precio, comienzan a desaparecer, en tanto que los supermercados tienen menos surtido de libros y pésimo servicio. No es que los libros vayan a costar la mitad, simplemente no van a seguir inflándose los precios, y en ese sentido bajarán los costos. Es un mecanismo que ha funcionado. El resultado no se verá inmediatamente, pero sí se dará”.

Insuficiente

Más allá de las interpretaciones, que sólo se verán ratificadas o desmentidas con el paso del tiempo, una realidad es que la “ley del libro” no generará lectores de no implementarse políticas reales en materia de difusión y acercamiento a la lectura. Funcione o no el precio único, la ley debe acompañar una serie de acciones que por el momento no parecen estar a la vista. Opina Diego Rabasa: “Me parece que la cuestión de los lectores pasa por terrenos que implican variables mucho más complejas. Estoy convencido de que el estímulo hacia la lectura debe de partir desde el ámbito familiar. Si desde chicos estamos acostumbrados a percibir como únicas fuentes de entretenimiento internet, las películas de Disney, las caricaturas o el contenido del Canal de las Estrellas, aunque cada Starbucks se convirtiera en una librería no tendríamos personas interesadas en cultivar dicho hábito”.

Para Vivian Abenshushan, un verdadero cambio en este sentido atraviesa por una verdadera reforma educativa, y concluye: “Generar nuevos lectores es una labor mucho más compleja, una labor del Estado, que sólo será posible cuando la educación pública deje de ser botín de sindicatos corruptos para el acarreo electoral, cuando el magisterio recupere el placer de la lectura, cuando la televisión se democratice y devuelva un espacio a la cultura, cuando leer deje de ser una obligación cuantificable”.